Fue en 2012 cuando el exsacerdote de la Vicaría de la Solidaridad, Cristián Precht Bañados (81), fue sancionado por la Iglesia Católica por “conductas abusivas con menores y mayores de edad”. Fueron cinco años excluido de sus labores, hasta 2017, sin embargo, cuando salía de ese proceso, vino otro mazazo: una querella por “asociación ilícita, violación impropia, abuso sexual impropio, abuso sexual propio y favorecimiento de la prostitución de menores”. Un año después fue definitivamente expulsado del sacerdocio por el propio Papa Francisco.

Los duros cargos eran de dos presuntas víctimas, quienes acusaban al ex religioso de haber realizado en su contra actos de connotación sexual a fines de los años 70 cuando ambos estudiaban en el Instituto Alonso de Ercilla (de la Congregación Marista). El caso, en un inicio, lo tomó la Fiscalía Metropolitana Sur, sin embargo, luego de analizarse la competencia de la causa, la indagatoria recayó en el 34º Juzgado del Crimen, es decir en la justicia antigua.

A cuatro años del inicio de esta arista penal, la defensa de Precht -representada por el abogado Luciano Fouillioux- pidió el sobreseimiento de su representado, a través de un escrito ingresado al tribunal, y que fue expuesto en una ronda de alegatos en la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, el pasado 13 de junio, donde expuso que “se presentó por un conjunto de delitos que cuesta creer en su correspondencia (asociación ilícita, violación impropia, abuso sexual propio y favorecimiento a la prostitución de menores)”.

Fouillioux expuso que “habiendo el Ministerio Público agotada la investigación comprobó este entre otras razones que atendida la fecha de los hechos vinculados con las pesquisas, carecía de competencia para continuar conociendo, sin perjuicio que en relación con nuestro mandante, jamás logró tampoco tener elementos de prueba de participación delictiva que, al menos, hubiera dado la posibilidad de formalizarle y posteriormente acusar y condenar”.

Para el abogado, reconocido por ser querellante en causas por violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura, su cliente colaboró en la investigación, tanto ante el Ministerio Público como en las diligencias para las que fue requerido por la PDI. Además, agrega que el sacerdote no pertenencia a la Congregación Marista, por lo que los hechos no se enmarcarían en delitos cometidos en dicha organización. Lo único que reconoce es que participó “ocasionalmente” en actividades dentro de este grupo para celebrar el sacramento de la confirmación, aunque sin preparación previa ninguna de los futuros confirmados”.

LOS HECHOS IMPUTADOS

En su presentación para lograr el sobreseimiento de su cliente, Fouillioux sostiene que “tanto el Ministerio Público como especialmente los querellantes o denunciantes, después de la investigación circunstancia de los hechos imputados, no han logrado acreditar ninguno de los delitos por los cuales se actuó en contra de nuestro mandante, tanto en relación con hechos delictivos mismo, ni participación de nuestro representado en ellos”.

En la querella presentada por las víctimas, Eneas Espinoza y Jaime Concha, denuncian los presuntos abusos de Precht, describiendo episodios de “tocaciones en distintas partes del cuerpo”, entre otras conductas. Esta acción judicial fue apoyada públicamente, el 22 de marzo del 2018, por los Hermanos Maristas, quienes abogaron por que los hechos fueran esclarecidos, mediante todos los medios de prueba que se requirieran.

Sobre la querella, la defensa de Precht argumenta que “la sola circunstancia que alguno de los querellantes del caso Maristas hubieren referido el nombre de nuestro mandante en alguna declaración e incluso acción judicial, no constituye aquel acto el solo mérito para haberle tenido como suficiente para configurar responsabilidad legal de este, vía participación en hechos delictivos del tenor por los que se le involucró”.

La Tercera PM intentó contactarse con Fouillioux, sin embargo, no fue posible obtener una versión de su parte. La solicitud de Precht, además, no fue la única, pues los sacerdotes Abel Pérez y Adolfo Fuentes también pidieron se sobreseídos. El abogado de ambos, Daniel Mackinnon, por su parte, dijo que no se referirán al tema, pues “no es política de nuestra oficina referirnos por la prensa a causas cuya resolución está pendiente”.

El fallo de la Corte de Apelaciones debería salir durante esta semana, sentando un precedentes importante para este tipo de causas, las cuales remecieron la estabilidad de la Iglesia Católica durante los últimos años. (La Tercera)