La ministra en visita, Ana María Osorio, acogió las solicitudes del defensor de dos generales y un coronel.
Fue uno de los casos que impactó en el frente interno del Ejército cuando la ministra Romy Rutherford procesó a una veintena de altos oficiales del ejército por el supuesto uso de dineros fiscales para viajar al extranjero.
Sin embargo, el caso ahora vive un giro radicalmente opuesto. Las pesquisas están bajo el alero de la ministra en visita, Ana María Osorio, quien ha sufrido más de un revés judicial.
En agosto, la Corte Marcial revocó una de sus resoluciones en que procesó al coronel del Ejército, Patricio Zamora, en la arista “empresas de turismo” del denominado caso de “Fraude en el Ejército”, por encontrarse prescrita la acción penal ejercida en su contra.
Ahora se sumaron tres casos más, pero en su tribunal, porque luego de tres solicitudes del abogado Daniel Mackinnon –quien representa a tres exaltos oficiales del Ejército– la ministra sobreseyó a los generales (R) Alejandro Villagra, Hugo Lo Presti y al coronel (R) Mauricio Seguel. Respecto de Villagra, y dejó sin efecto el procesamiento y su posterior modificación. Por tanto, decretó el sobreseimiento definitivo y parcial de los hechos investigados vinculados a viajes al extranjero en comisión de servicio.
La decisión se fundó en la prescripción de la acción penal: el tribunal estableció que el plazo aplicable era de cinco años y que este había transcurrido antes de que Villagra prestara declaración indagatoria. En el caso de Seguel, algo similar.
Osorio dejó sin efecto el procesamiento de enero de 2022 y su modificación de junio de 2025. Así, decretó su sobreseimiento definitivo y parcial por encontrarse prescrita “la acción penal”.
La resolución señala que, aun considerando los períodos en que permaneció fuera del país, el plazo legal ya se encontraba vencido al momento de su declaración en octubre de 2021.
La situación del general (R) Lo Presti se resolvió sobre un fundamento distinto. Tras revisar las diligencias investigativas y los informes policiales incorporados al proceso, la ministra concluyó que no consta que hubiera recibido devoluciones de dinero de agencias de viajes, por lo que no fue posible establecer un perjuicio fiscal.
El abogado defensor de los uniformados en retiro, Daniel Mackinnon manifestó que las resoluciones, “se ajustan al derecho y al mérito de los antecedentes reunidos durante la investigación. Valoramos que después de años de tramitación, se haya puesto término definitivo a la persecución penal de mis representados en los términos establecidos por las resoluciones judiciales”.