El Juzgado de Garantía de Punta Arenas decretó este martes el sobreseimiento definitivo de la causa contra el exfiscal jefe de Puerto Natales, Cristián Muñoz Pérez, y el abogado Francisco Nettig Díaz, acusados del delito de cohecho. La solicitud no provino de la defensa, sino del propio Ministerio Público, que reconoció no contar con antecedentes suficientes para sostener la acusación en un juicio oral.
El giro se origina en la exclusión de la declaración escrita del transportista Carlos Fuentes Ramos, denunciante original del caso, fallecido en 2025, antes de la audiencia de preparación de juicio oral. La defensora regional de Magallanes, Verónica Reyes Cea, explicó en entrevista con este medio que la ley permite incorporar el testimonio de un testigo fallecido sin contrainterrogatorio sólo si la muerte ocurre después de esa audiencia. “Si no se excluía, la declaración quedaba escrita en piedra”, afirmó, apuntando a que el contrainterrogatorio es una garantía básica del sistema acusatorio.
Poderjudicial
Según Reyes Cea, el Ministerio Público tuvo la posibilidad de fijar el testimonio de Fuentes Ramos como prueba anticipada mientras estaba vivo, considerando que se trataba de un testigo clave cuya versión equivalía, en sus palabras, a “la palabra de él contra la de nuestros clientes”. Esa diligencia nunca se solicitó.
El tribunal acogió la exclusión, la Fiscalía apeló y la Corte de Apelaciones de Punta Arenas confirmó la decisión. Sin esa prueba, el Ministerio Público optó por pedir el cierre de la causa, invocando el artículo 277, inciso final, del Código Procesal Penal. Lo anterior, por haber quedado excluidas pruebas que el Ministerio Público considere esenciales para sustentar su acusación en el juicio oral respectivo.
En la audiencia, ni el Ministerio Público ni el Consejo de Defensa del Estado (CDE) -querellante autónomo desde abril de 2024- se opusieron al sobreseimiento. El tribunal decretó además el alzamiento de las medidas cautelares vigentes contra ambos imputados y ordenó la devolución de las especies incautadas durante la investigación.
Antecedentes del caso
La causa se remonta a febrero de 2022, cuando Carlos Fuentes contactó al abogado Nettig para cobrar un pagaré de $20 millones. En una reunión en Punta Arenas, Muñoz -entonces fiscal jefe de Puerto Natales- se comprometió a usar su cargo para presionar al deudor y a un notario por una disputa paralela sobre una retroexcavadora, a cambio de $7 millones. Ante la falta de pago, Fuentes entregó un automóvil Suzuki Swift, que Muñoz mantuvo en su poder por dos meses y devolvió recién en abril de 2024, días antes de su formalización, según consta en la querella del CDE por cohecho agravado.
Un segundo capítulo de la causa, por revelación de secreto -Muñoz habría alertado por WhatsApp a un investigado sobre un operativo antinarcóticos de la PDI en diciembre de 2022- , ya había sido sobreseído en la primera audiencia de preparación de juicio oral, después de que la Corte Suprema acotara la querella de capítulos al solo delito de cohecho.
Reyes Cea no descartó una eventual apelación de la parte querellante, aunque dijo confiar en que “esto no sea aceptado”.
La defensa del segundo acusado, Francisco Nettig Díaz, fue asumida por el abogado magallánico Daniel Mackinnon.
Fiscalía Aysén
Desde la Fiscalía Regional de Aysén indicaron a este medio que las pruebas excluidas por el Tribunal “constituía la columna vertebral de la acusación del órgano persecutor y pretendía suplir la presencia de la víctima, quien era testigo principal y directo de los hechos investigados”.
Para acreditar los hechos de la acusación, agregó la Fiscalía, “resultaba fundamental el testimonio principal y único testigo presencial de los hechos materia de la acusación y, debido a su fallecimiento, su declaración debía ser suplida a través de otros medios de prueba, que fueron precisamente aquellos excluidos”.
Derechopenal
Exfiscal Muñoz anuncia acciones civiles, reparatorias e
indemnizatorias contra el Estado tras su sobreseimiento
El exfiscal jefe de Puerto Natales, abogado Cristián Muñoz Pérez, habló tras el sobreseimiento definitivo de la causa por cohecho que se decretó en su contra. En conversación con La Prensa Austral, anunció que evalúa acciones civiles, reparatorias e indemnizatorias contra el Estado por el tiempo que pasó en prisión preventiva, a la que calificó como “una condena anticipada”.
Muñoz, que conversó con el medio desde Concepción pero mantiene causas pendientes en Magallanes, insistió en que la decisión del tribunal equivale a una declaración de inocencia. Sin embargo, los antecedentes de la causa muestran algo distinto: el sobreseimiento se originó en la exclusión de la declaración del denunciante Carlos Fuentes Ramos, fallecido en 2025 sin que el Ministerio Público solicitara prueba anticipada, y no en un pronunciamiento del tribunal sobre los hechos mismos.
El exfiscal confirmó que mantiene una querella en contra del exfiscal regional de Aysén, Carlos Palma, a quien acusa de obstrucción a la investigación. Dijo esperar que el sobreseimiento “ayude” a esa acción, que según él busca establecer responsabilidades por las “acusaciones injustas” de las que dice haber sido objeto. Palma fue quien presentó en 2024 la querella de capítulos que permitió formalizarlo.
Sobre su paso por prisión preventiva, Muñoz relató que compartió encierro con detenidos de alto perfil en el anexo Capitán Yáber de Santiago, donde coincidió con el reconocido militante del Partido Comunista, Daniel Jadue, y el exjuez Juan Antonio Poblete, procesado por el Caso Topógrafo. Los tres llegaron a plantear juntas sus quejas sobre las condiciones de reclusión a un juez visitador del Poder Judicial, según consta en registros de prensa de la época.
Por ese mismo recinto, en periodos que se superponen con la reclusión de Muñoz, también pasaron los hermanos Daniel y Ariel Sauer, socios del factoring Factop, formalizados en abril de 2024 por estafa, lavado de activos y delitos tributarios, y el abogado Luis Hermosilla, imputado en el caso que lleva su nombre. “Hay que estar un solo día preso para entenderlo”, afirmó Muñoz sobre el daño que provoca la privación de libertad. Contó que el proceso le costó la separación de su pareja y el distanciamiento de sus hijos, y que ninguna institución le ofreció disculpas públicas por el tiempo que estuvo privado de libertad.
Consultado por las acusaciones de fondo -incluida la imputación de revelación de secreto- , Muñoz no se refirió en detalle a los hechos atribuidos, optando por remitirse al resultado procesal: “es la propia Fiscalía la que pide el sobreseimiento”, remarcó. Ese cargo se sostuvo en la declaración del narcotraficante condenado Carlos Avila Ascencio, quien además acusó a Muñoz de consumir alcohol y drogas y comentar detalles de causas de la Fiscalía. Muñoz negó esas acusaciones en 2024, apenas se conoció la querella, presentando un examen de drogas negativo y sosteniendo que Avila se retractó posteriormente ante la Fiscalía.
Derechopenal
El exfiscal adelantó que seguirá ejerciendo como abogado, con causas activas en la Región de Magallanes pese a residir actualmente en Concepción, y dijo que su próximo paso es litigar las acciones civiles e indemnizatorias que anunció. “Desde luego que llevaré acciones civiles, reparatorias e indemnizatorias”, adelantó el expersecutor.