Rechazada. Esa fue la resolución a la que arribó la tarde de este lunes la Corte Suprema en respuesta a la solicitud -ahora frustrada- que realizó el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para mantener a Romy Rutherford como la ministra en visita a cargo de la investigación del fraude en el Ejército. Y es que a pesar de que el máximo tribunal ya había indicado, en el marco de la segunda prórroga que tuvo la magistrada, que no haría nueva extensiones, el CDE insistió en que había pendientes que era importante que ella resolviera.
Como habían detallado el organismo en el escrito ingresado el 22 de agosto pasado, permitir -por tercera vez- la extensión de las labores desarrolladas por la magistrada, permitiría que la causa quedase más encaminada y así facilitar el trabajo de quien luego asumirá las pesquisas. Ello, dado que hay diligencias pendientes y que están próximas a ser resueltas. Sin embargo, el pleno de la Suprema no estuvo de acuerdo y en votación dividida rechazó la petición, por 11 votos contra 7.
Desde el CDE habían argumentado que la causa “consta en la actualidad de 48 cuadernos en diferente situación procesal, que se tramitan en 377 tomos, 1.651 archivadores con documentación remitida por distintos órganos, como la Brigada Anticorrupción, Ejército, Contraloría General de la República, entidades bancarias y otras tantas carpetas y legajos que suman 2.669 volúmenes de información, todos los cuales han servido de sustento a los numerosos autos de procesamiento y sentencias dictadas en ellos”.
Por lo demás, como agregaron desde la entidad, “sólo entre el 1 de enero y el 18 de agosto la ministra ha tomado 103 audiencias entre declaraciones y careos; ha practicado 12 incautaciones, tanto en dependencias del Ejército como en empresas particulares, y ha despachado órdenes de investigar y/o instrucciones particulares para ser diligenciadas por la Brigada Investigadora Anticorrupción. En este punto es importante destacar que a la fecha existen 67 órdenes de investigar e instrucciones particulares pendientes de entrega”.
Se destacó, asimismo, que dichos informes “resultan absolutamente necesarios para el progreso de la indagación y la adopción de las decisiones de fondo que corresponda”.
Pese a todo ello, el pleno de la Corte Suprema no les concedió lo solicitado.
Esta era la tercera vez que se buscaba extender las labores de la magistradas. La primera renovación fue en 2020, y la segunda en marzo de 2022, tras aprobarse una indicación a la denominada “Ley Rutherford”. Por eso, se le había concedido la extensión hasta el 4 de septiembre.
Una vez que Rutherford deje el cargo, la causa quedaría en manos de Jenny Book -quien ya integra la Corte Marcial- o de Ana María Osorio, quien en julio pasado fue electa para integrarse a la instancia, justamente en reemplazo de la mencionada jueza.
“CONFIRMA BASES DEL DEBIDO PROCESO”
Consultado respecto de la determinación, el abogado Juan Carlos Manríquez, representante del excomandante en jefe del Ejército Ricardo Martínez, indicó: “La resolución del pleno reafirma las bases del debido proceso, dentro de esas, la de enfrentar en todo procedimiento a un juez natural e imparcial que no se convierta en un tribunal ad-hoc. Extender en demasía las designaciones de tribunales esencialmente transitorios puede llegar a significar una alteración de estas bases esenciales del debido proceso, poniendo en riesgo la imparcialidad judicial”.
En los mismos términos, Daniel Mackinnon, abogado de los generales (R) Alejandro Villagra, Pablo Onetto, Juan Echaurren, José Llanca, Germán Schell, Hugo Lo Presti y de los coroneles Mauricio Seguel y Patricio Zamora, entre otros, manifestó que “no es sorpresivo lo resuelto por el pleno de la Corte Suprema en orden a no extender una vez más la visita de la Ministra Rutheford, atento a que esta misma petición ya había sido resuelta el 12 de diciembre del año pasado, extendiendo en esa oportunidad -por última vez- la visita hasta el 4 de Septiembre de este año”.
“Lo sorprendente e inexplicable es que el Consejo de Defensa del Estado, con los mismos argumentos y sin ningún fundamento plausible nuevo, volviera a solicitar algo que ya había quedado meridianamente claro y fallado por el Pleno de la Corte Suprema en diciembre del año pasado, en que ya se había rechazado tal petición por 9 votos contra 6″, complementó el profesional.
TRABAJO DE JUEZA RUTHERFORD
Romy Rutherford asumió el 3 de marzo de 2017 la investigación del denominado caso “fraude en el Ejército’’ y sus más de 40 aristas. A raíz de eso, por su oficina ha visto desfilar a casi todos los excomandantes en jefe del Ejército designados en democracia y los más altos rangos de la institución castrense, varios de ellos procesados y algunos presos.
Desde ese momento, ha encausado a 68 uniformados, entre ellos, en un hecho inédito, a los últimos cuatro comandantes en jefe del Ejército: Óscar Izurieta (2006-2010), Juan Miguel Fuente-Alba (2010-2014), Humberto Oviedo (2014-2018) y Ricardo Martínez (2018-2022), aunque este último fue revocado por la Corte Marcial.
Quienes la conocen destacan que duerme poco. De hecho, comienza su jornada de madrugada. A las 7.00 AM su chofer la pasa a buscar a su residencia en la comuna de Las Condes. Cuenta con seguridad. Hay dos funcionarios de la PDI que resguardan sus actividades cotidianas, puesto que desde que se intensificaron las diligencias en contra del Ejército, se volvió una autoridad en riesgo y ha sido blanco de amenazas. Por este motivo se le asignó seguridad.
Algunos funcionarios que en el pasado trabajaron con ella comentan que junto con llegar muy temprano por la mañana, es una de las últimas en abandonar el recinto y muchas veces pide que le carguen expedientes en el auto para llevárselos a su casa y así poder preparar los interrogatorios del día siguiente.
Ingresó al Poder Judicial en 1996 como relatora de la Corte de Apelaciones de Santiago, el 2003 fue nombrada como jueza del Segundo Juzgado del Crimen de Santiago. Años después, en 2007, empezó a relatar en la sala civil de la Corte Suprema. (La Tercera)